En los informativos del viernes 13 de febrero, todos los espectadores pudimos observar como el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
Juan Antonio Martínez Camino, presentaba los resultados económicos del primer ejercicio fiscal en el que se aplica el nuevo sistema de financiación de la Iglesia Católica en España, pactado entre la CEE y el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre de 2006 y con carácter indefinido.
Este nuevo sistema supone que por cada contribuyente que marque con una
equis la casilla correspondiente de su declaración del IRPF, el Estado destinará el 0,7% de sus impuestos a financiar a la Iglesia.
Para entendernos, los contribuyentes que, como yo, no marcan la casilla de la Iglesia Católica, aportamos el 100% de nuestros impuestos para los gastos del Estado español, mientras que los que ponen la correspondiente equis en la casilla de la iglesia, solamente aportan el 99,3% de sus impuestos, ya que el 0,7 restante va a financiar “su iglesia”.
Es decir, los católicos no aportan a su iglesia ni un solo euro de sus bolsillos, sino que lo “detraen” de los impuestos que deberían pagar al estado.
Este nuevo mecanismo de financiación de una confesión religiosa concreta, incorrectamente llamado “
impuesto religioso”, ha supuesto pasar del 0,52% anterior, al 0,7% ya señalado, es decir, un incremento del 34%. ¡
Toma persecución! Mediante la aplicación del nuevo porcentaje, la Agencia Estatal Tributaria “
ha recaudado” para la Iglesia Católica más de 241 millones de euros, 68 millones más que el año 2006.
¡
Luego tendremos que seguir oyendo a los obispos y a sus voceros mediáticos, que la Iglesia está perseguida en España!
La Constitución española de 1978 (CE/78) establece, en su artículo 16, apartado 3, que “
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
El sistema actual de recaudación de los fondos para la iglesia Católica, es lo más parecido a considerar a la misma como “
confesión estatal”, ya que, a las personas que manifiestan voluntariamente su pertenencia a dicha confesión, se las “
rebaja” un 0,7% sus impuestos, para que los dediquen a “
financiar a su iglesia”.
Podría entender que, en aplicación del artículo anteriormente citado de la CE, que reconoce que se deberán mantener las “consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”, el Estado se encargara de recaudar la aportación de los fieles de las distintas confesiones a sus respectivas iglesias, pero como “
aportación suplementaria” a los impuestos que “
todos” los españoles, agnósticos, ateos, o creyentes de cualquier religión, pagamos normalmente.
No conviene olvidar que, además del dinero recaudado vía IRPF, la Iglesia Católica recibe, al igual que el resto de organizaciones sin ánimo de lucro, su correspondiente financiación para las actividades que realiza en distintos ámbitos, así como la financiación vía conciertos educativos que perciben los cientos de colegios religiosos que hay funcionando en España.
Si a todo esto le sumamos los cientos de subvenciones de ayuntamiento y otras administraciones a cofradías, asociaciones pías, hermandades religiosas, etc., podemos llegar a la conclusión que
España, de estado aconfesional, nada de nada.
Pues bien, no contentos con esta “
maligna persecución” que sufren los católicos en España, la jerarquía de la Iglesia quiere, además, seguir teniendo en sus manos el “
nihil obstat” de todas las leyes que se pretendan promulgar por los poderes democráticos de este país.
Quo usque tandem abutere, Catalina, patientia nostra?
