jueves, 25 de diciembre de 2008
viernes, 19 de diciembre de 2008
Neutralidad pendiente
Artículo publicado en EL PAÍS por JORGE URDÁNOZ GANUZA.
La reciente decisión judicial que ordena retirar los crucifijos de un instituto público ha vuelto a destapar una cuestión que comienza a perder los contornos terminológicos que posibilitan abordarla. Aunque está bastante claro qué significa que un Estado sea confesional (Arabia Saudí o la España franquista son buenos ejemplos), ciertos enfoques van a acabar logrando que no lo esté qué etiqueta otorgar al Estado que no lo es. Según parece, un Estado no confesional podría ser -además de "laico", que es el nombre sencillamente correcto- "aconfesional" y "laicista". Encantados con la idea, algunos no han tardado en añadir también cosas como laicidad-flexible o incluso laicismo-rabioso, que ahí es nada. ¿Cómo aclararse?
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La reciente decisión judicial que ordena retirar los crucifijos de un instituto público ha vuelto a destapar una cuestión que comienza a perder los contornos terminológicos que posibilitan abordarla. Aunque está bastante claro qué significa que un Estado sea confesional (Arabia Saudí o la España franquista son buenos ejemplos), ciertos enfoques van a acabar logrando que no lo esté qué etiqueta otorgar al Estado que no lo es. Según parece, un Estado no confesional podría ser -además de "laico", que es el nombre sencillamente correcto- "aconfesional" y "laicista". Encantados con la idea, algunos no han tardado en añadir también cosas como laicidad-flexible o incluso laicismo-rabioso, que ahí es nada. ¿Cómo aclararse?
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lunes, 15 de diciembre de 2008
La lápida de la Madre Maravillas. Por Hilari Raguer
Artículo publicado en EL PAÍS, por Hilari Raguer, monje de Montserrat e historiador especializado en el tema de la Iglesia y la Guerra Civil española.
El esperpéntico proyecto de colocar en el edificio de las Cortes una placa en memoria de la Madre Maravillas se ha disuelto como azucarillos en agua. El 16 de noviembre de 1983, el Senado rindió al cardenal Vidal i Barraquer, que había sido senador, un merecido homenaje en el cincuentenario de su muerte en el exilio, porque en los años de la República se esforzó por conciliar el nuevo régimen con la Iglesia y luego, en la guerra civil, fue hombre de paz, negándose a firmar la carta colectiva de la jerarquía episcopal. Pero lo de la placa de sor Maravillas era una cosa muy diferente.
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El esperpéntico proyecto de colocar en el edificio de las Cortes una placa en memoria de la Madre Maravillas se ha disuelto como azucarillos en agua. El 16 de noviembre de 1983, el Senado rindió al cardenal Vidal i Barraquer, que había sido senador, un merecido homenaje en el cincuentenario de su muerte en el exilio, porque en los años de la República se esforzó por conciliar el nuevo régimen con la Iglesia y luego, en la guerra civil, fue hombre de paz, negándose a firmar la carta colectiva de la jerarquía episcopal. Pero lo de la placa de sor Maravillas era una cosa muy diferente.
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Artículo de Juan José Tamayo en EL PAÍS
El cardenal Cañizares en su calidad de arzobispo de Toledo y primado de España, posición reforzada con su nombramiento como presidente de la Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos, ha hecho un rotundo diagnóstico sobre nuestra sociedad: "Está muy enferma". ¿Síntomas? Dos concretos: el rechazo de la Mesa del Congreso a colocar una placa de la Madre Maravillas, elevada a los altares por Juan Pablo II, en el Congreso de los Diputados, y la sentencia que ordena la retirada de los crucifijos del colegio público Macías Picabea, de Valladolid. ¿Nombre de la enfermedad? "Cristofobia, que, en definitiva, es odio a sí mismo".
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martes, 9 de diciembre de 2008
Las perlas del Delegado Diocesano de Enseñanza de Palencia
No me podía creer las "reflexiones" del Delegado Diocesano de Enseñanza del Obispado de Palencia, Dionisio Antolín, publicadas en la edición de hoy de El Norte de Castilla.
La entrevista completa, y el suelto que la acompaña, no tienen desperdicio. El titular, extraido de una frase literal de la entrevista, es para ponerse a temblar: "Es preocupante que los padres tengan que protegerse de la educación que los maestros dan a sus hijos". Este buen señor ¿es el delegado diocesano de enseñanza? ¿tiene alguna idea de lo que está hablando? ¿A qué maestros se refiere, a los de la escuela pública o a los de la concertada, generalmente en manos de comunidades religiosas? Sepa Sr. Delegado, que los maestros y profesores que ejercemos en la escuela pública, lo hacemos ni colocados a dedo ni por haber obtenido el "nihil obstat" de ningún cargo o institución, sino después de haber hecho una carrera y, lo que es más importantes, después de haber aprobado una oposición en la que han concurrido el mérito, la capacidad y la publicidad. En castellano y para entendernos: cada maestro y profesor es "de un padre y de una madre" y no existe entre nosotros la más mínima uniformidad ideológica y/o confesional. Muy al contrario que en la concertada-religiosa-cristiana. ¿O existe en Palencia alguna otra escuela concertada no cristiana?
Ahora la Iglesia católica (sí, sí, la de la Inquisición y los Autos de Fe) sale como defensora de la libertad de conciencia, del debate y del pluralismo. ¡Más vale tarde que nunca! pero permítame que no me lo crea.
En otra parte de su "reflexión" pretende D. Dionisio que se pueda elegir entre Religión y Educación para la Ciudadanía: "Por una parte, se reivindica que la escuela tenga capacidad crítica y se habla de la libertad de la persona, y por otra parte, no se permita que uno elija Religión o Educación para la Ciudadanía". ¡No nos lie, Sr. Delegado! La ley actual permite elegir entre formación religiosa o no; y entre formación religiosa confesional o Historia de las religiones. La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, nombre completo de la materia, es una materia curricular, con el mismo rango que las Matemáticas o la Educación Física y, le guste o no al Sr. Delegado o al Obispo, ha sido establecida como tal por quien tiene la potestad legal para hacerlo: el Parlamento español que, según la Constitución española vigente, representa al pueblo español que es en quien reside la soberanía nacional (artículos1.2 y 66.1 y 2 de la CE). Puede ser que el Delegado de Enseñanza del Obispado de Palencia no quiera que traslademos a nuestros jóvenes los valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los valores cívicos y ciudadanos en los que se sustenta la convivencia en los paises de nuestro ámbito cultural. Puede ser también que la Iglesia Católica pretenda tener la exclusiva de los valores humanos y cívicos, quiera segir siendo la que expida los "certificados de buena conducta", como hizo en españa hasta época no muy lejanas, pero afortunadamente ya olvidades e imposibles de regresar.
Para terminar, y por no alargarme demasiado, dos "pildoras" más:"es una asignatura (educación para la ciudadanía) no querida por los alumnos ni por los padres". ¿Qién se lo ha dicho? ¿Los padres, los alumnos, los profesores?
"Eso va a ir adelante porque aunque el Constitucional no diera la razón a los padres, el recurso en el Tribunal Europeo lo tienen ganado". ¡Ya salió! La jerarquía eclesiástica siempre en poder de la "verdad".¡Como se les ve el plumero! ¡Qué nostalgia, verdad D. Dionisio! Aquellas épocas, ya pasadas por suerte, en las que sus "jefes" decidían sobre el bien y el mal, sobre lo justo o lo injusto, sobre lo permitido o lo no permitido.
En fín Sr. Delegado, esa certeza en el fallo del Constitucional y del Tribunal Europeo (sic), ¿es una verdad revelada? Si es así, ahorrémonos tiempo y dinero y hágase la voluntad de Vds., como por desgracia para la humanidad ha sido durante demasiados años.
La entrevista completa, y el suelto que la acompaña, no tienen desperdicio. El titular, extraido de una frase literal de la entrevista, es para ponerse a temblar: "Es preocupante que los padres tengan que protegerse de la educación que los maestros dan a sus hijos". Este buen señor ¿es el delegado diocesano de enseñanza? ¿tiene alguna idea de lo que está hablando? ¿A qué maestros se refiere, a los de la escuela pública o a los de la concertada, generalmente en manos de comunidades religiosas? Sepa Sr. Delegado, que los maestros y profesores que ejercemos en la escuela pública, lo hacemos ni colocados a dedo ni por haber obtenido el "nihil obstat" de ningún cargo o institución, sino después de haber hecho una carrera y, lo que es más importantes, después de haber aprobado una oposición en la que han concurrido el mérito, la capacidad y la publicidad. En castellano y para entendernos: cada maestro y profesor es "de un padre y de una madre" y no existe entre nosotros la más mínima uniformidad ideológica y/o confesional. Muy al contrario que en la concertada-religiosa-cristiana. ¿O existe en Palencia alguna otra escuela concertada no cristiana?
Ahora la Iglesia católica (sí, sí, la de la Inquisición y los Autos de Fe) sale como defensora de la libertad de conciencia, del debate y del pluralismo. ¡Más vale tarde que nunca! pero permítame que no me lo crea.
En otra parte de su "reflexión" pretende D. Dionisio que se pueda elegir entre Religión y Educación para la Ciudadanía: "Por una parte, se reivindica que la escuela tenga capacidad crítica y se habla de la libertad de la persona, y por otra parte, no se permita que uno elija Religión o Educación para la Ciudadanía". ¡No nos lie, Sr. Delegado! La ley actual permite elegir entre formación religiosa o no; y entre formación religiosa confesional o Historia de las religiones. La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, nombre completo de la materia, es una materia curricular, con el mismo rango que las Matemáticas o la Educación Física y, le guste o no al Sr. Delegado o al Obispo, ha sido establecida como tal por quien tiene la potestad legal para hacerlo: el Parlamento español que, según la Constitución española vigente, representa al pueblo español que es en quien reside la soberanía nacional (artículos1.2 y 66.1 y 2 de la CE). Puede ser que el Delegado de Enseñanza del Obispado de Palencia no quiera que traslademos a nuestros jóvenes los valores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los valores cívicos y ciudadanos en los que se sustenta la convivencia en los paises de nuestro ámbito cultural. Puede ser también que la Iglesia Católica pretenda tener la exclusiva de los valores humanos y cívicos, quiera segir siendo la que expida los "certificados de buena conducta", como hizo en españa hasta época no muy lejanas, pero afortunadamente ya olvidades e imposibles de regresar.
Para terminar, y por no alargarme demasiado, dos "pildoras" más:"es una asignatura (educación para la ciudadanía) no querida por los alumnos ni por los padres". ¿Qién se lo ha dicho? ¿Los padres, los alumnos, los profesores?
"Eso va a ir adelante porque aunque el Constitucional no diera la razón a los padres, el recurso en el Tribunal Europeo lo tienen ganado". ¡Ya salió! La jerarquía eclesiástica siempre en poder de la "verdad".¡Como se les ve el plumero! ¡Qué nostalgia, verdad D. Dionisio! Aquellas épocas, ya pasadas por suerte, en las que sus "jefes" decidían sobre el bien y el mal, sobre lo justo o lo injusto, sobre lo permitido o lo no permitido.
En fín Sr. Delegado, esa certeza en el fallo del Constitucional y del Tribunal Europeo (sic), ¿es una verdad revelada? Si es así, ahorrémonos tiempo y dinero y hágase la voluntad de Vds., como por desgracia para la humanidad ha sido durante demasiados años.
lunes, 8 de diciembre de 2008
Constitución y Estado laico
Publicado por Francisco Delgado, Presidente de Europa laica, en el diario Público, el día 7 de diciembre de 2008.
Ayer se cumplieron tres décadas desde que una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas del Estado español diera su respaldo a una Constitución, la de 1978, producto de un consenso difícil y no tan ejemplar como algunos tratan de mantener. Si tomamos como base ideológica y política el conjunto del texto constitucional, a pesar de las contradicciones, muchos de los que vivimos aquel hecho esperábamos caminar hacia la separación de la Iglesia del Estado. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta: más que caminar hacia un Estado laico, los poderes públicos han mantenido el Estado confesional (últimamente con una cierta pluralidad religiosa), con dos soportes principales: Ley de Libertad Religiosa de 1980 y los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979.
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Ayer se cumplieron tres décadas desde que una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas del Estado español diera su respaldo a una Constitución, la de 1978, producto de un consenso difícil y no tan ejemplar como algunos tratan de mantener. Si tomamos como base ideológica y política el conjunto del texto constitucional, a pesar de las contradicciones, muchos de los que vivimos aquel hecho esperábamos caminar hacia la separación de la Iglesia del Estado. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta: más que caminar hacia un Estado laico, los poderes públicos han mantenido el Estado confesional (últimamente con una cierta pluralidad religiosa), con dos soportes principales: Ley de Libertad Religiosa de 1980 y los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979.
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Fobia a la Educación para la Ciudadanía
¿Qué se esconde detrás de esta postura?
Por Ramiro Curieses Ruiz
Publicado en el diario quincenal CARRIÓN el 2 de junio de 2008
El artículo 27 de la Constitución regula todo lo concerniente a nuestra educación y en el punto 2 del mismo se dice que: “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y este desarrollo debe conseguirse en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales”. Es por tanto un mandato constitucional el que el Estado a través de sus representantes legales, es decir, a través del gobierno elegido democráticamente, procure una formación y una educación en estos principios. Bastaría y seria suficiente esta razón para apoyar sin ningún tipo de cortapisa la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, (y de ahora en adelante EpC) ya que todos los que nos consideramos demócratas aspiramos a un pleno desarrollo de nuestra personalidad en los principios considerados fundamentales para convivir y para conseguir cuotas de libertad lo más altas posibles.
La libertad, según expresa Antonio Fraguas, consiste en luchar todos los días por una sociedad más justa, más solidaria y más feliz. Esto puede parecernos una utopía, algo inalcanzable, un deseo de casi todos, algo irreal, deseado, pero no por ello imposible. Mientras haya un solo ser humano sin libertad, es probable que no lo seamos ninguno de nosotros. Esta es la segunda gran razón por la que uno apuesta por una asignatura (EpC), que se pretende introducir en el sistema educativo para formarnos en valores cívicos, es decir, en valores que nos hagan más libres y responsables. El concebir la libertad como algo pre-programado, como algo que viene en nuestro equipamiento biológico, es reducirla a su mínima expresión, de ahí que no comprenda como determinados grupos y sectores sociales, entre otros, la Conferencia Episcopal Española, (y de ahora en adelante CEE) pretenden hacer de la libertad algo tan manipulable y reductible que puede ser puesto en peligro por una asignatura de una hora de duración semanal. Estamos todos de acuerdo, que solo una concepción minimalista de lo que es la Libertad, o una gran capacidad y poder para el adoctrinamiento, puede ser conspiradora de arrebatar cotas de libertad a las personas.
Los seres humanos somos capaces de inhibir respuestas que el medio nos sugiere, es decir, somos capaces de sentir odio y no por ello maltratar a quien nos lo inspira, podemos sentir hambre y tener comida a nuestro alcance y no comer, o posponer la comida para más tarde, pues bien, esta es la primera gran dimensión de la libertad humana. Nosotros los humanos somos seres que nos hemos liberado de la dominación de los estímulos, de la tiranía del medio, puesto que estos no nos imponen un comportamiento, ya que uno puede elegir una de entre todas las posibilidades que se le ofrecen. Esto supone analizar, deliberar y por último elegir. Esta es la tercera gran razón para apoyar la asignatura de EpC, ya que entre sus contenidos figuran los que hacen referencia a libertad y responsabilidad, a la dimensión más importante de la Libertad, que no es otra que la de hacernos personas más responsables en nuestras decisiones. ¿Cómo es posible que una asignatura que tiene tan buen propósito no sea comprendida por la CEE? ¿No seria la Iglesia Católica la que debiera liderar un movimiento de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos? ¿No será que quieren quedar excluidos de esta noble tarea por alguna razón que no conviene explicar a los fieles y que tiene que ver con seguir formando moralmente a las generaciones futuras desde una posición de privilegio y dogmática?
Entender que la impartición de la asignatura de EpC y los Derechos Humanos es una confrontación entre catolicismo y laicismo, es como equiparar la libertad al vuelo de las aves. La Democracia está, y sino es as’ debe ser una aspiración, por encima del relativismo moral que algunos creen que defiende. La Democracia debe conseguir ciudadanos libres, responsables, solidarios, respetuosos, tolerantes con lo diferente, defensores de la paz, comprometidos con los valores ambientales, participativos, sociales, etc. y todo ello a través de sus poderes públicos. Puede ser que formar personas en estos principios sea formarlos moralmente, pero estaríamos todos de acuerdo, o al menos los que nos consideramos sensatos, que sería una educación positiva, necesaria, deseable, precisa e inexcusable. Esta sería la cuarta gran razón para apostar por una asignatura que pretende educar en esos principios, tan necesarios como imprescindibles para nuestra sociedad democrática. Lo que uno ya no comprende ni comparte con la CEE, ni con determinados grupos políticos, entre ellos el PP, es que se quiera ver un peligro y un riesgo en esta asignatura. Entre otras razones, cuestionan la capacidad del Estado para establecer de forma obligatoria esta asignatura, porque a su juicio implica convicciones religiosas y morales que afectan a un derecho fundamental como es el de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones. Según la CEE y el PP (interesante coincidencia), la asignatura contiene aspectos que interfieren negativamente y amenazan este derecho fundamental, y por ello, dan un paso, hasta ahora desconocido en nuestro sistema educativo, como es el de plantearse la objeción de conciencia para rechazar esta asignatura. Quizás algún día se pueda objetar también de otras disciplinas como la Biología, por ejemplo, por abordar el origen del hombre desde una perspectiva evolucionista y no reveladora como se recoge en la Biblia, o de la Física, por exponer el origen del mundo desde una explicación científica y no tal como aparece en el Génesis.
Quizás detrás de estas posturas se escondan posturas maniqueas, simplistas y dogmáticas, que lo que desean es administrar certezas y principios morales absolutos que deben ser asumidas por toda la sociedad, en ese caso s’, sean o no miembros de su iglesia o su doctrina ideológica.
Para mi, que soy un educador, existen razones democráticas de interés social, público, para que se imparta la asignatura de EpC, y me gustaría que también hubiera razones de tipo religiosas y confesionales para que as’ fuera, ya que educar en valores cívicos, en hacer a las personas más tolerantes, solidarias, responsables, libres, respetuosas, justas, etc., es un fin que desde ninguna ética debiéramos renunciar.
Hay determinados sectores sociales que piensan que la posibilidad que ofrece nuestro país de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, el apoyo a la ideología de género, la ley de divorcio exprés, la ley del aborto, la producción de seres humanos con fines de investigación, la asignatura de EpC, por otra parte legítimamente aprobadas por nuestros representantes en el parlamento, no son más que el triunfo del ateísmo y del relativismo moral, fruto de una sociedad enferma y debilitada que necesita de nuevos salvadores para recuperar la senda perdida. Esta es la quinta gran razón para apuntalar la asignatura de EpC, y no es otra que la de procurar educar ciudadanos soberanos de su propia existencia, ciudadanos dignos que promuevan valores excelentes como la piedad y la compasión , ciudadanos que sepan interpretar los designios humanos y no divinos, ciudadanos que aunque no piensen y profesen las ideas que uno expone, sean reconocidos como personas de moralidad, ciudadanos que sean respetuosos con todas las personas, aunque no compartan sus opiniones, ciudadanos que sean capaces de respetar las leyes aprobadas por parlamentos legítimamente elegidos, ciudadanos libres de optar por aquello que consideren más humano para uno y para los demás, ciudadanos en definitiva con voluntad individual pero con razón y corazón social.
Creo que está suficientemente demostrado que el hombre es un ser social, el hombre es el único entre los animales que posee el don del lenguaje. Tenemos capacidad para diferenciar lo justo de lo injusto, lo legal de lo ilegal, pero es que además es nuestra comunidad, la sociedad, la que establece las cualidades morales que debemos poseer, ya que como indicaba, somos seres que vivimos en sociedad, y por tanto, esta deberá decir qué tipo de ciudadanos quiere formar para vivir en equilibrio y en armonía. Tengo claro que el hombre se está perfeccionando, creciendo, hasta su muerte, de ah’ que considere que la EpC debiera ser una asignatura que no solo ocupara una parte ridícula de nuestro curriculum escolar, sino que debiera impartirse como algo permanente, continuo, por que las sociedades cambian y hemos de adaptarnos a ellas si realmente queremos transformarlas para mejorarlas. Esta es la sexta gran razón para apoyar una asignatura que aunque no nos diga qué es el bien absoluto, la ley absoluta, si nos explique con claridad qué es lo inhumano y lo que no debiéramos permitir que ocurriera nunca. Se crece de verdad solo en un clima de libertad, democracia y cultura que haga a las personas más humanas, más ciudadanas en su sentido más amplio.
Por Ramiro Curieses Ruiz
Publicado en el diario quincenal CARRIÓN el 2 de junio de 2008
El artículo 27 de la Constitución regula todo lo concerniente a nuestra educación y en el punto 2 del mismo se dice que: “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y este desarrollo debe conseguirse en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales”. Es por tanto un mandato constitucional el que el Estado a través de sus representantes legales, es decir, a través del gobierno elegido democráticamente, procure una formación y una educación en estos principios. Bastaría y seria suficiente esta razón para apoyar sin ningún tipo de cortapisa la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, (y de ahora en adelante EpC) ya que todos los que nos consideramos demócratas aspiramos a un pleno desarrollo de nuestra personalidad en los principios considerados fundamentales para convivir y para conseguir cuotas de libertad lo más altas posibles.
La libertad, según expresa Antonio Fraguas, consiste en luchar todos los días por una sociedad más justa, más solidaria y más feliz. Esto puede parecernos una utopía, algo inalcanzable, un deseo de casi todos, algo irreal, deseado, pero no por ello imposible. Mientras haya un solo ser humano sin libertad, es probable que no lo seamos ninguno de nosotros. Esta es la segunda gran razón por la que uno apuesta por una asignatura (EpC), que se pretende introducir en el sistema educativo para formarnos en valores cívicos, es decir, en valores que nos hagan más libres y responsables. El concebir la libertad como algo pre-programado, como algo que viene en nuestro equipamiento biológico, es reducirla a su mínima expresión, de ahí que no comprenda como determinados grupos y sectores sociales, entre otros, la Conferencia Episcopal Española, (y de ahora en adelante CEE) pretenden hacer de la libertad algo tan manipulable y reductible que puede ser puesto en peligro por una asignatura de una hora de duración semanal. Estamos todos de acuerdo, que solo una concepción minimalista de lo que es la Libertad, o una gran capacidad y poder para el adoctrinamiento, puede ser conspiradora de arrebatar cotas de libertad a las personas.
Los seres humanos somos capaces de inhibir respuestas que el medio nos sugiere, es decir, somos capaces de sentir odio y no por ello maltratar a quien nos lo inspira, podemos sentir hambre y tener comida a nuestro alcance y no comer, o posponer la comida para más tarde, pues bien, esta es la primera gran dimensión de la libertad humana. Nosotros los humanos somos seres que nos hemos liberado de la dominación de los estímulos, de la tiranía del medio, puesto que estos no nos imponen un comportamiento, ya que uno puede elegir una de entre todas las posibilidades que se le ofrecen. Esto supone analizar, deliberar y por último elegir. Esta es la tercera gran razón para apoyar la asignatura de EpC, ya que entre sus contenidos figuran los que hacen referencia a libertad y responsabilidad, a la dimensión más importante de la Libertad, que no es otra que la de hacernos personas más responsables en nuestras decisiones. ¿Cómo es posible que una asignatura que tiene tan buen propósito no sea comprendida por la CEE? ¿No seria la Iglesia Católica la que debiera liderar un movimiento de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos? ¿No será que quieren quedar excluidos de esta noble tarea por alguna razón que no conviene explicar a los fieles y que tiene que ver con seguir formando moralmente a las generaciones futuras desde una posición de privilegio y dogmática?
Entender que la impartición de la asignatura de EpC y los Derechos Humanos es una confrontación entre catolicismo y laicismo, es como equiparar la libertad al vuelo de las aves. La Democracia está, y sino es as’ debe ser una aspiración, por encima del relativismo moral que algunos creen que defiende. La Democracia debe conseguir ciudadanos libres, responsables, solidarios, respetuosos, tolerantes con lo diferente, defensores de la paz, comprometidos con los valores ambientales, participativos, sociales, etc. y todo ello a través de sus poderes públicos. Puede ser que formar personas en estos principios sea formarlos moralmente, pero estaríamos todos de acuerdo, o al menos los que nos consideramos sensatos, que sería una educación positiva, necesaria, deseable, precisa e inexcusable. Esta sería la cuarta gran razón para apostar por una asignatura que pretende educar en esos principios, tan necesarios como imprescindibles para nuestra sociedad democrática. Lo que uno ya no comprende ni comparte con la CEE, ni con determinados grupos políticos, entre ellos el PP, es que se quiera ver un peligro y un riesgo en esta asignatura. Entre otras razones, cuestionan la capacidad del Estado para establecer de forma obligatoria esta asignatura, porque a su juicio implica convicciones religiosas y morales que afectan a un derecho fundamental como es el de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones. Según la CEE y el PP (interesante coincidencia), la asignatura contiene aspectos que interfieren negativamente y amenazan este derecho fundamental, y por ello, dan un paso, hasta ahora desconocido en nuestro sistema educativo, como es el de plantearse la objeción de conciencia para rechazar esta asignatura. Quizás algún día se pueda objetar también de otras disciplinas como la Biología, por ejemplo, por abordar el origen del hombre desde una perspectiva evolucionista y no reveladora como se recoge en la Biblia, o de la Física, por exponer el origen del mundo desde una explicación científica y no tal como aparece en el Génesis.
Quizás detrás de estas posturas se escondan posturas maniqueas, simplistas y dogmáticas, que lo que desean es administrar certezas y principios morales absolutos que deben ser asumidas por toda la sociedad, en ese caso s’, sean o no miembros de su iglesia o su doctrina ideológica.
Para mi, que soy un educador, existen razones democráticas de interés social, público, para que se imparta la asignatura de EpC, y me gustaría que también hubiera razones de tipo religiosas y confesionales para que as’ fuera, ya que educar en valores cívicos, en hacer a las personas más tolerantes, solidarias, responsables, libres, respetuosas, justas, etc., es un fin que desde ninguna ética debiéramos renunciar.
Hay determinados sectores sociales que piensan que la posibilidad que ofrece nuestro país de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, el apoyo a la ideología de género, la ley de divorcio exprés, la ley del aborto, la producción de seres humanos con fines de investigación, la asignatura de EpC, por otra parte legítimamente aprobadas por nuestros representantes en el parlamento, no son más que el triunfo del ateísmo y del relativismo moral, fruto de una sociedad enferma y debilitada que necesita de nuevos salvadores para recuperar la senda perdida. Esta es la quinta gran razón para apuntalar la asignatura de EpC, y no es otra que la de procurar educar ciudadanos soberanos de su propia existencia, ciudadanos dignos que promuevan valores excelentes como la piedad y la compasión , ciudadanos que sepan interpretar los designios humanos y no divinos, ciudadanos que aunque no piensen y profesen las ideas que uno expone, sean reconocidos como personas de moralidad, ciudadanos que sean respetuosos con todas las personas, aunque no compartan sus opiniones, ciudadanos que sean capaces de respetar las leyes aprobadas por parlamentos legítimamente elegidos, ciudadanos libres de optar por aquello que consideren más humano para uno y para los demás, ciudadanos en definitiva con voluntad individual pero con razón y corazón social.
Creo que está suficientemente demostrado que el hombre es un ser social, el hombre es el único entre los animales que posee el don del lenguaje. Tenemos capacidad para diferenciar lo justo de lo injusto, lo legal de lo ilegal, pero es que además es nuestra comunidad, la sociedad, la que establece las cualidades morales que debemos poseer, ya que como indicaba, somos seres que vivimos en sociedad, y por tanto, esta deberá decir qué tipo de ciudadanos quiere formar para vivir en equilibrio y en armonía. Tengo claro que el hombre se está perfeccionando, creciendo, hasta su muerte, de ah’ que considere que la EpC debiera ser una asignatura que no solo ocupara una parte ridícula de nuestro curriculum escolar, sino que debiera impartirse como algo permanente, continuo, por que las sociedades cambian y hemos de adaptarnos a ellas si realmente queremos transformarlas para mejorarlas. Esta es la sexta gran razón para apoyar una asignatura que aunque no nos diga qué es el bien absoluto, la ley absoluta, si nos explique con claridad qué es lo inhumano y lo que no debiéramos permitir que ocurriera nunca. Se crece de verdad solo en un clima de libertad, democracia y cultura que haga a las personas más humanas, más ciudadanas en su sentido más amplio.
Educación para la Ciudadanía ¿cursar sin asistir?
Por Juan Ramón Lagunilla Alonso y Ramiro Curieses Ruiz
“Señoría, usted no quiere... está confundiendo, y creo que lo hace de forma intencionada el... el... el confundir los términos cursar y asistir. En este caso, a nadie se le permite no cursar, aunque sí pudiera haber no una asistencia”
El entrecomillado con el que se inicia este artículo es parte de una respuesta del Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, en la sesión de las Cortes del pasado día 6 de octubre y, aunque pueda parecer una incongruencia, es copia literal del Diario de Sesiones del Pleno de la Cámara.
La “frasecita” hace referencia a una Instrucción recibida en los centros educativos de la región, firmada por el Director General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que en su apartado cuarto, 2º, ordena que “aquellos alumnos cuyos padres manifiesten formalmente ante la dirección del centro su deseo de que sus hijos e hijas no asistan a las clases de “Educación para la ciudadanía”, serán atendidos, mediante las vías ordinarias por el profesor de guardia o, en su caso, por el profesor encargado de la atención a la biblioteca.”
Esta Instrucción está en clara y evidente contradicción con toda la legislación existente respecto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), razón por la cual al Sr. Consejero no le ha quedado más remedio que responder con semejante contrasentido.
En efecto, tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, como el Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, establecen que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas, y que todos los alumnos cursarán (se entiende que para cursarla hay que asistir), educación para la ciudadanía y los derechos humanos en segundo curso de ESO.
En diversas declaraciones el Consejero y el Viceconsejero de Educación, e incluso el Presidente de la Junta de Castilla y León, han insistido en la obligatoriedad de todos los alumnos de cursar la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y en la imposibilidad de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria, en caso de no hacerlo.
La situación en la que este cúmulo de contrasentidos nos coloca a los docentes de esta Comunidad es totalmente “enloquecida”. Por un lado la normativa vigente, como ya hemos señalado, nos obliga a impartir la asignatura y a vigilar que todos los alumnos la cursen, y asistan, con normalidad. De otro lado la Instrucción a la que nos estamos refiriendo, de obligado cumplimiento para los funcionarios docentes, admite que se puede dar el caso de que algún alumno no asista a las clases obligatorias de EpC, y nos ordena incumplir la ley y permitir que esos alumnos permanezcan fuera de las aulas, “vigilados” por el profesor de guardia o biblioteca.
La cuestión se vuelve más incomprensible y absurda si la vemos desde el punto de vista del alumnado, los cuales, de continuar sin asistir a las clases de esta materia se encontrarían al finalizar los estudios de ESO con que, la misma administración educativa, la Junta de Castilla y León, que les ha permitido “correrse” las clases de de esta asignatura, no les permitirá obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria.
¿Quién será el responsable de que estos alumnos, algunos con expedientes académicos sobresalientes, no obtengan el Título? ¿La Consejería de Educación por su ambigüedad e indecisión en este tema? ¿Los profesores por cumplir una instrucción que podía ser contraria a las leyes? ¿Los padres que han “objetado” en nombre de sus hijos e hijas?
Para terminar de complicar más las cosas se nos ocurren algunos supuestos que se pueden producir en los centros y que nos gustaría mucho que el Sr. Consejero de Educación nos aclarara.
Si el equipo directivo de algún centro, de acuerdo con la normativa vigente, hace cumplir la ley y vigila que “todos” los alumnos asistan con normalidad a “todas” las asignaturas curriculares, ¿serán expedientados por esa Consejería, por no haber obedecido la Instrucción?
Si algún padre de alumno “manifiesta formalmente ante la dirección del centro su deseo de que sus hijos e hijas no asistan a las clases de”, pongamos por ejemplo, matemáticas o educación física, ¿se lo debemos también permitir y deberán ser “atendidos, mediante las vías ordinarias por el profesor de guardia o, en su caso, por el profesor encargado de la atención a la biblioteca”? (los entrecomillados pertenecen literalmente a la Instrucción).
Sr. Consejero, con la Instrucción que nos ocupa y con su respuesta parlamentaria, ¿está inventándose una nueva opción ante la obligatoriedad de la educación básica?
Como docentes entendemos que en la actualidad algunos alumnos, incluso asistiendo a determinadas asignaturas, no las cursan. Lo que no entendemos es esta “nueva modalidad”, diseñada por Vd., en la que sin “asistir”, se puede “cursar”. ¿Podremos los profesores también impartir nuestras asignaturas sin asistir?
“Señoría, usted no quiere... está confundiendo, y creo que lo hace de forma intencionada el... el... el confundir los términos cursar y asistir. En este caso, a nadie se le permite no cursar, aunque sí pudiera haber no una asistencia”
El entrecomillado con el que se inicia este artículo es parte de una respuesta del Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, en la sesión de las Cortes del pasado día 6 de octubre y, aunque pueda parecer una incongruencia, es copia literal del Diario de Sesiones del Pleno de la Cámara.
La “frasecita” hace referencia a una Instrucción recibida en los centros educativos de la región, firmada por el Director General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que en su apartado cuarto, 2º, ordena que “aquellos alumnos cuyos padres manifiesten formalmente ante la dirección del centro su deseo de que sus hijos e hijas no asistan a las clases de “Educación para la ciudadanía”, serán atendidos, mediante las vías ordinarias por el profesor de guardia o, en su caso, por el profesor encargado de la atención a la biblioteca.”
Esta Instrucción está en clara y evidente contradicción con toda la legislación existente respecto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), razón por la cual al Sr. Consejero no le ha quedado más remedio que responder con semejante contrasentido.
En efecto, tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, como el Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, establecen que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas, y que todos los alumnos cursarán (se entiende que para cursarla hay que asistir), educación para la ciudadanía y los derechos humanos en segundo curso de ESO.
En diversas declaraciones el Consejero y el Viceconsejero de Educación, e incluso el Presidente de la Junta de Castilla y León, han insistido en la obligatoriedad de todos los alumnos de cursar la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y en la imposibilidad de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria, en caso de no hacerlo.
La situación en la que este cúmulo de contrasentidos nos coloca a los docentes de esta Comunidad es totalmente “enloquecida”. Por un lado la normativa vigente, como ya hemos señalado, nos obliga a impartir la asignatura y a vigilar que todos los alumnos la cursen, y asistan, con normalidad. De otro lado la Instrucción a la que nos estamos refiriendo, de obligado cumplimiento para los funcionarios docentes, admite que se puede dar el caso de que algún alumno no asista a las clases obligatorias de EpC, y nos ordena incumplir la ley y permitir que esos alumnos permanezcan fuera de las aulas, “vigilados” por el profesor de guardia o biblioteca.
La cuestión se vuelve más incomprensible y absurda si la vemos desde el punto de vista del alumnado, los cuales, de continuar sin asistir a las clases de esta materia se encontrarían al finalizar los estudios de ESO con que, la misma administración educativa, la Junta de Castilla y León, que les ha permitido “correrse” las clases de de esta asignatura, no les permitirá obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria.
¿Quién será el responsable de que estos alumnos, algunos con expedientes académicos sobresalientes, no obtengan el Título? ¿La Consejería de Educación por su ambigüedad e indecisión en este tema? ¿Los profesores por cumplir una instrucción que podía ser contraria a las leyes? ¿Los padres que han “objetado” en nombre de sus hijos e hijas?
Para terminar de complicar más las cosas se nos ocurren algunos supuestos que se pueden producir en los centros y que nos gustaría mucho que el Sr. Consejero de Educación nos aclarara.
Si el equipo directivo de algún centro, de acuerdo con la normativa vigente, hace cumplir la ley y vigila que “todos” los alumnos asistan con normalidad a “todas” las asignaturas curriculares, ¿serán expedientados por esa Consejería, por no haber obedecido la Instrucción?
Si algún padre de alumno “manifiesta formalmente ante la dirección del centro su deseo de que sus hijos e hijas no asistan a las clases de”, pongamos por ejemplo, matemáticas o educación física, ¿se lo debemos también permitir y deberán ser “atendidos, mediante las vías ordinarias por el profesor de guardia o, en su caso, por el profesor encargado de la atención a la biblioteca”? (los entrecomillados pertenecen literalmente a la Instrucción).
Sr. Consejero, con la Instrucción que nos ocupa y con su respuesta parlamentaria, ¿está inventándose una nueva opción ante la obligatoriedad de la educación básica?
Como docentes entendemos que en la actualidad algunos alumnos, incluso asistiendo a determinadas asignaturas, no las cursan. Lo que no entendemos es esta “nueva modalidad”, diseñada por Vd., en la que sin “asistir”, se puede “cursar”. ¿Podremos los profesores también impartir nuestras asignaturas sin asistir?
Educación para la ciudadanía en Castilla y León
Una situación de locos
Ramiro Curieses Ruiz y Juan Ramón Lagunilla Alonso
Publicado en Diario Palentino en octubre de 2008
A primeros de septiembre hemos recibido en los centros educativos de Palencia, una Instrucción de 29 de agosto de 2008, firmada por el Director General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que en su apartado cuarto, 2º, ordena que “aquellos alumnos cuyos padres manifiesten formalmente ante la dirección del centro su deseo de que sus hijos e hijas no asistan a las clases de “Educación para la ciudadanía”, serán atendidos, mediante las vías ordinarias por el profesor de guardia o, en su caso, por el profesor encargado de la atención a la biblioteca.”
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas; y también que la enseñanza básica comprende diez años de escolaridad entre los seis y los dieciséis años. Esta misma ley, al fijar la organización de los cursos primero, segundo y tercero de ESO, establece que en uno de los tres primeros niveles todos los alumnos cursarán la materia de educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
La Junta de Castilla y León, en el desarrollo de sus competencias ha publicado el Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. En este decreto, en su artículo 5, Organización de los tres primeros cursos, se establece en su apartado 3, que todos los alumnos cursarán (se entiende que para cursarla hay que asistir), educación para la ciudadanía y los derechos humanos en segundo curso de ESO.
En diversas declaraciones el Consejero de Educación e incluso el Presidente de la Junta de Castilla y León, han insistido en la obligatoriedad de todos los alumnos de cursar la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y en la imposibilidad de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria, en caso de no hacerlo. Más recientemente, el pasado viernes día 10, el Viceconsejero de Educación, en declaraciones a la emisora de radio Cadena Ser, reproducidas por otros medios de comunicación, ha vuelto a insistir en esta misma idea de la obligatoriedad de cursar la referida asignatura y en la imposibilidad de titular de aquellos alumnos que no la aprueben (¿asistiendo o no asistiendo?).
El pasado día 6 de octubre, el Sr. Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, respondiendo a una pregunta oral en el Pleno de las Cortes, formulada por la Procuradora socialista por Palencia Mª Luz Martínez Seijo, respecto a la Instrucción citada al inicio de este artículo, respondía lo siguiente: “Mire usted, otra de las características que tiene Castilla y León, y Educación, respecto a la Educación para la Ciudadanía, es que no ha arbitrado ninguna medida excepcional en este asunto, y siempre ha procedido de manera ordinaria, a pesar de que el Gobierno de la Nación ha generado una situación muy confusa, y además crispada. Señoría, usted está confundiendo, y creo que lo hace de forma intencionada los términos cursar y asistir. En este caso, a nadie se le permite no cursar, aunque sí pudiera haber no asistencia”. (El entrecomillado es literal de la transcripción de la Sesión Parlamentaria).
La situación en la que nos encontramos los docentes en esta Comunidad es totalmente “kafkiana”. Por un lado la normativa vigente, tanto la del Gobierno Central como la del Gobierno Autonómico, nos obliga a impartir la asignatura y a vigilar que todos los alumnos la cursen con normalidad, entendemos que asistiendo a clase. De otro lado la Instrucción a la que nos estamos refiriendo, que como todas es de obligado cumplimiento para los funcionarios, admite que se puede dar el caso de que algún alumno no asista a las clases obligatorias de Educación para la Ciudadanía, y nos ordena incumplir la ley y permitir que esos alumnos permanezcan fuera de las aulas, “vigilados” por el profesor de guardia o biblioteca.
Esta situación se vuelve más incomprensible y absurda si la vemos desde el punto de vista del alumnado, los cuales, de continuar sin asistir a las clases de esta materia se encontrarían al finalizar los estudios de ESO con que la misma administración educativa, la Junta de Castilla y León, que les ha permitido “correrse” las clases de Educación para la Ciudadanía, no les permitirá obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria.
¿Quién será el responsable de que estos alumnos, algunos con expedientes académicos sobresalientes, no obtengan el Título? ¿La Consejería de Educación por su ambigüedad e indecisión en este tema? ¿Los profesores por cumplir una instrucción que podía ser contraria a las leyes? ¿Los padres que han “objetado” en nombre de sus hijos e hijas?
Para terminar de complicar más la situación se nos ocurren algunos supuestos que se pueden producir en los centros, y que nos gustaría mucho que el Sr. Consejero de Educación nos aclarara:
Si el equipo directivo de algún centro, en cumplimiento de la normativa vigente, hace cumplir la ley y vigila que “todos” los alumnos asistan con normalidad a “todas” las asignaturas curriculares, ¿serán expedientados por esa Consejería?
Si algún padre de alumno “manifiesta formalmente ante la dirección del centro su deseo de que sus hijos e hijas no asistan a las clases de”, pongamos por ejemplo, matemáticas o educación física, ¿se lo debemos también permitir y deberán ser “atendidos, mediante las vías ordinarias por el profesor de guardia o, en su caso, por el profesor encargado de la atención a la biblioteca”? (los entrecomillados pertenecen literalmente a la Instrucción).
Sr. Consejero, con la Instrucción que nos ocupa y con su respuesta parlamentaria a la Procuradora socialista Sra. Martínez Seijo, ¿está inventándose una nueva opción ante la obligatoriedad de la educación básica? Como docentes entendemos ya con bastante estupor, que determinados alumnos, asistiendo a algunas asignaturas, no las cursan. Lo que no entendemos es esta “nueva modalidad”, diseñada por Vd., en la que sin “asistir”, se puede “cursar”.
Determinados alumnos de ESO, le agradecerán a Vd. esta nueva vía de cursar algunas asignaturas.
Ramiro Curieses Ruiz y Juan Ramón Lagunilla Alonso
Publicado en Diario Palentino en octubre de 2008
A primeros de septiembre hemos recibido en los centros educativos de Palencia, una Instrucción de 29 de agosto de 2008, firmada por el Director General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que en su apartado cuarto, 2º, ordena que “aquellos alumnos cuyos padres manifiesten formalmente ante la dirección del centro su deseo de que sus hijos e hijas no asistan a las clases de “Educación para la ciudadanía”, serán atendidos, mediante las vías ordinarias por el profesor de guardia o, en su caso, por el profesor encargado de la atención a la biblioteca.”
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas; y también que la enseñanza básica comprende diez años de escolaridad entre los seis y los dieciséis años. Esta misma ley, al fijar la organización de los cursos primero, segundo y tercero de ESO, establece que en uno de los tres primeros niveles todos los alumnos cursarán la materia de educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
La Junta de Castilla y León, en el desarrollo de sus competencias ha publicado el Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. En este decreto, en su artículo 5, Organización de los tres primeros cursos, se establece en su apartado 3, que todos los alumnos cursarán (se entiende que para cursarla hay que asistir), educación para la ciudadanía y los derechos humanos en segundo curso de ESO.
En diversas declaraciones el Consejero de Educación e incluso el Presidente de la Junta de Castilla y León, han insistido en la obligatoriedad de todos los alumnos de cursar la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y en la imposibilidad de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria, en caso de no hacerlo. Más recientemente, el pasado viernes día 10, el Viceconsejero de Educación, en declaraciones a la emisora de radio Cadena Ser, reproducidas por otros medios de comunicación, ha vuelto a insistir en esta misma idea de la obligatoriedad de cursar la referida asignatura y en la imposibilidad de titular de aquellos alumnos que no la aprueben (¿asistiendo o no asistiendo?).
El pasado día 6 de octubre, el Sr. Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, respondiendo a una pregunta oral en el Pleno de las Cortes, formulada por la Procuradora socialista por Palencia Mª Luz Martínez Seijo, respecto a la Instrucción citada al inicio de este artículo, respondía lo siguiente: “Mire usted, otra de las características que tiene Castilla y León, y Educación, respecto a la Educación para la Ciudadanía, es que no ha arbitrado ninguna medida excepcional en este asunto, y siempre ha procedido de manera ordinaria, a pesar de que el Gobierno de la Nación ha generado una situación muy confusa, y además crispada. Señoría, usted está confundiendo, y creo que lo hace de forma intencionada los términos cursar y asistir. En este caso, a nadie se le permite no cursar, aunque sí pudiera haber no asistencia”. (El entrecomillado es literal de la transcripción de la Sesión Parlamentaria).
La situación en la que nos encontramos los docentes en esta Comunidad es totalmente “kafkiana”. Por un lado la normativa vigente, tanto la del Gobierno Central como la del Gobierno Autonómico, nos obliga a impartir la asignatura y a vigilar que todos los alumnos la cursen con normalidad, entendemos que asistiendo a clase. De otro lado la Instrucción a la que nos estamos refiriendo, que como todas es de obligado cumplimiento para los funcionarios, admite que se puede dar el caso de que algún alumno no asista a las clases obligatorias de Educación para la Ciudadanía, y nos ordena incumplir la ley y permitir que esos alumnos permanezcan fuera de las aulas, “vigilados” por el profesor de guardia o biblioteca.
Esta situación se vuelve más incomprensible y absurda si la vemos desde el punto de vista del alumnado, los cuales, de continuar sin asistir a las clases de esta materia se encontrarían al finalizar los estudios de ESO con que la misma administración educativa, la Junta de Castilla y León, que les ha permitido “correrse” las clases de Educación para la Ciudadanía, no les permitirá obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria.
¿Quién será el responsable de que estos alumnos, algunos con expedientes académicos sobresalientes, no obtengan el Título? ¿La Consejería de Educación por su ambigüedad e indecisión en este tema? ¿Los profesores por cumplir una instrucción que podía ser contraria a las leyes? ¿Los padres que han “objetado” en nombre de sus hijos e hijas?
Para terminar de complicar más la situación se nos ocurren algunos supuestos que se pueden producir en los centros, y que nos gustaría mucho que el Sr. Consejero de Educación nos aclarara:
Si el equipo directivo de algún centro, en cumplimiento de la normativa vigente, hace cumplir la ley y vigila que “todos” los alumnos asistan con normalidad a “todas” las asignaturas curriculares, ¿serán expedientados por esa Consejería?
Si algún padre de alumno “manifiesta formalmente ante la dirección del centro su deseo de que sus hijos e hijas no asistan a las clases de”, pongamos por ejemplo, matemáticas o educación física, ¿se lo debemos también permitir y deberán ser “atendidos, mediante las vías ordinarias por el profesor de guardia o, en su caso, por el profesor encargado de la atención a la biblioteca”? (los entrecomillados pertenecen literalmente a la Instrucción).
Sr. Consejero, con la Instrucción que nos ocupa y con su respuesta parlamentaria a la Procuradora socialista Sra. Martínez Seijo, ¿está inventándose una nueva opción ante la obligatoriedad de la educación básica? Como docentes entendemos ya con bastante estupor, que determinados alumnos, asistiendo a algunas asignaturas, no las cursan. Lo que no entendemos es esta “nueva modalidad”, diseñada por Vd., en la que sin “asistir”, se puede “cursar”.
Determinados alumnos de ESO, le agradecerán a Vd. esta nueva vía de cursar algunas asignaturas.
En defensa de la escuela pública
En estos tiempos que corren de cambios y adaptaciones a un nuevo diseño de los planes educativos en el tramo de la educación obligatoria, agravados por el recorte en la cuantía de los recursos que el gobierno destina a la enseñanza, es frecuente oír, en boca de algunas personas, expresiones como “yo llevo a mis hijos a la privada porque los educan mejor”.
Ante este tipo de expresiones, lo primero que habría que preguntarse es qué entienden, los que así se manifiestan, por “educar”. ¿Acaso que trasmitan a sus hijos muchos y muy variados conocimientos?, ¿que proporcionen a sus hijos una buena “educación cristiana”?, ¿que sus hijos no compartan el mismo aula con niños y niñas procedentes de grupos socialmente conflictivos o marginales?.
Si ese es su concepto de “educar”, de acuerdo, que sigan opinando y actuando así. Otros muchos, entre los que me encuentro, pensamos que educar es algo más.
Educar es, entre otras cosas y principalmente, formar futuros ciudadanos y ciudadanas demócratas, críticos, solidarios, respetuosos con las ideas y creencias de los demás. Jóvenes que no caigan en fundamentalismos de ningún tipo (religioso o político). Jóvenes que comprendan, porque lo han conocido directamente, que, por desgracia, no todos tienen la suerte de nacer en una familia sin problemas económicos, sociales o culturales; que a pesar del gran avance social que se ha producido en los últimos años en nuestro país, aún existen diferencias sociales.
Educar es, en resumen, formar hombres y mujeres que, desde el conocimiento y el respeto a las diferencias de todo tipo, sepan construir una sociedad más justa y solidaria que la que nosotros les dejamos.
Y esos valores solamente se consiguen desde una “Escuela” en la que no existan criterios restrictivos y selectivos en la admisión de los alumnos; una escuela a la que, al estar sostenida con fondos públicos, puedan acudir, sin ninguna limitación, todos los que lo soliciten; una escuela en la que de verdad sean los padres y los alumnos los que ejerciten el derecho a la libre elección de centro, y no como desgraciadamente ocurre ahora en algunos casos, que es el centro el que elige a sus alumnos. Una escuela que, en el periodo de la educación obligatoria, sea igual para todos, sin diferencias por razón de clase social, raza, religión o lugar de residencia.
Estos supuestos se producen en la “escuela pública”, y me parece absolutamente injusto, insolidario y regresivo que el Ministerio de Educación y Cultura, obligado constitucionalmente a velar por el bienestar de la mayoría de los españoles, esté empeñado en desviar fondos que deberían estar destinados a mejorar y potenciar ese tipo de escuela, hacia ese otro tipo de centros en los que, a pesar de estar sostenidos también con el “dinero de todos”, se practican las formas y maneras antes descritas.
Los países más modernos y que más prosperan son aquellos que mayores recursos dedican a aplicar un sistema educativo que suponga una educación de calidad para el mayor número de ciudadanos posibles.
Los cimientos de nuestra futura sociedad se están poniendo ahora. Y en esos cimientos tiene una importancia esencial el cómo eduquemos a nuestros hijos. Por eso todos los que crean que la educación en la libertad, la tolerancia y la solidaridad es la base de una sociedad mejor, deben exigir a los poderes públicos que no escatimen recursos para la mejora y extensión de la “escuela pública”.
Artículo publicado en El Diario Palentino el 12 de diciembre de 1996
Ante este tipo de expresiones, lo primero que habría que preguntarse es qué entienden, los que así se manifiestan, por “educar”. ¿Acaso que trasmitan a sus hijos muchos y muy variados conocimientos?, ¿que proporcionen a sus hijos una buena “educación cristiana”?, ¿que sus hijos no compartan el mismo aula con niños y niñas procedentes de grupos socialmente conflictivos o marginales?.
Si ese es su concepto de “educar”, de acuerdo, que sigan opinando y actuando así. Otros muchos, entre los que me encuentro, pensamos que educar es algo más.
Educar es, entre otras cosas y principalmente, formar futuros ciudadanos y ciudadanas demócratas, críticos, solidarios, respetuosos con las ideas y creencias de los demás. Jóvenes que no caigan en fundamentalismos de ningún tipo (religioso o político). Jóvenes que comprendan, porque lo han conocido directamente, que, por desgracia, no todos tienen la suerte de nacer en una familia sin problemas económicos, sociales o culturales; que a pesar del gran avance social que se ha producido en los últimos años en nuestro país, aún existen diferencias sociales.
Educar es, en resumen, formar hombres y mujeres que, desde el conocimiento y el respeto a las diferencias de todo tipo, sepan construir una sociedad más justa y solidaria que la que nosotros les dejamos.
Y esos valores solamente se consiguen desde una “Escuela” en la que no existan criterios restrictivos y selectivos en la admisión de los alumnos; una escuela a la que, al estar sostenida con fondos públicos, puedan acudir, sin ninguna limitación, todos los que lo soliciten; una escuela en la que de verdad sean los padres y los alumnos los que ejerciten el derecho a la libre elección de centro, y no como desgraciadamente ocurre ahora en algunos casos, que es el centro el que elige a sus alumnos. Una escuela que, en el periodo de la educación obligatoria, sea igual para todos, sin diferencias por razón de clase social, raza, religión o lugar de residencia.
Estos supuestos se producen en la “escuela pública”, y me parece absolutamente injusto, insolidario y regresivo que el Ministerio de Educación y Cultura, obligado constitucionalmente a velar por el bienestar de la mayoría de los españoles, esté empeñado en desviar fondos que deberían estar destinados a mejorar y potenciar ese tipo de escuela, hacia ese otro tipo de centros en los que, a pesar de estar sostenidos también con el “dinero de todos”, se practican las formas y maneras antes descritas.
Los países más modernos y que más prosperan son aquellos que mayores recursos dedican a aplicar un sistema educativo que suponga una educación de calidad para el mayor número de ciudadanos posibles.
Los cimientos de nuestra futura sociedad se están poniendo ahora. Y en esos cimientos tiene una importancia esencial el cómo eduquemos a nuestros hijos. Por eso todos los que crean que la educación en la libertad, la tolerancia y la solidaridad es la base de una sociedad mejor, deben exigir a los poderes públicos que no escatimen recursos para la mejora y extensión de la “escuela pública”.
Artículo publicado en El Diario Palentino el 12 de diciembre de 1996
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